El Ministerio de la Transparencia y Contraloría General de la Unión (CGU) y la Abogacía General de la Unión (AGU) firmaron acuerdo de lenidad con Odebrecht S.A. por el valor aproximado de 2,700 millones de reales. Este es el acuerdo más grande firmado por los dos organismos federales y fortalece la seguridad jurídica de las acciones de lucha anticorrupción en Brasil.
“Este acuerdo nos permite avanzar de forma más sostenible en la retomada del crecimiento, principalmente en Odebrecht Ingeniería y Construcción. Nuestro compromiso es de actuar como ejemplo de ética, integridad y transparencia en la búsqueda de proyectos que exigen lo mejor que tenemos para ofrecer a la sociedad: la experiencia técnica de quien es reconocido como uno de los mejores representantes de la excelencia de la ingeniería brasileña”, dice el director presidente de Odebrecht S.A., Luciano Guidolin.
El acuerdo también atiende al interés público al permitir la preservación de la empresa y la continuidad de sus actividades, de los empleos y del pago de impuestos, con la generación de ingresos necesarios para pagar los valores acordados.
El valor fue calculado por los equipos de la CGU y AGU y será deducido del valor del acuerdo de lenidad firmado por Odebrecht con el Ministerio Público Federal y autoridades americanas y suizas, en diciembre de 2016. Será pagado en 22 años, con corrección por la inflación y otros factores de coyuntura económica. Los recursos serán destinados a Petrobras y a otros órganos de la administración federal.
Este acuerdo servirá como ejemplo para diseminar las buenas prácticas esperadas en el relacionamiento público-privado. Con la conclusión de ese proceso, serán extintas las acciones de improbidad y los procesos administrativos conducidos por la AGU y CGU contra Odebrecht y su grupo económico por los hechos en él revelados.
Conjunto de pruebas entregadas por la empresa – El acuerdo es el resultado de una actuación conjunta de la CGU y la AGU, como previsto en la Portaria Interministerial nº 2.278/2016. Los dos órganos reconocen su importancia en el combate de la corrupción por el conjunto de pruebas presentadas por la empresa, que contribuirá para la reparación de los daños causados y aplicación de sanciones a los agentes públicos y particulares envueltos en la práctica de actos ilícitos. Además del elevado valor de resarcimiento y multa para el Estado Brasileño, otro destaque de esta negociación fue el alto grado de colaboración reconocido por los órganos, lo cual permitirá la utilización de los hechos revelados para su actuación en la lucha anticorrupción.
En los términos del documento, CGU y AGU se comprometieron a defender la validez y eficacia del acuerdo en todas las instancias y a tomar medidas legales para su efectividad, inclusive para evitar que la empresa pague dos veces por el mismo hecho, y evitar actos discriminadores por terceros por el hecho de que Odebrecht ha firmado el acuerdo. También preserva la competencia constitucional del TCU.
El acuerdo reconoce la robustez del actual programa de integridad (Compliance) de las empresas del grupo Odebrecht, que también será acompañado por la CGU. Desde marzo de 2017, Odebrecht ya está bajo monitoreo externo independiente, bajo la supervisión del MPF y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Por el nuevo acuerdo, el grupo se compromete a implementar la certificación ISO 37.001, para asegurar medidas de prevención a la ocurrencia de ilícitos y buscar el grado máximo de ética y transparencia en la conducción de los negocios de las empresas.
